Según una información publicada en los diarios La Provincia y La Opinión de Tenerife, la Villa de Santa Brígida se sitúa entre los seis municipios de la provincia de Las Palmas con menor presión fiscal, sólo por encima de Ingenio, Arucas, Valleseco, Firgas y Betancuria, y por debajo de otros 28 municipios de esta provincia. Asimismo, en la provincia tinerfeña son 42 los municipios que tienen una mayor presión fiscal que la que tienen los vecinos y vecinas de la Villa satauteña. La información, con datos del Ministerio de Hacienda, resalta la gran diferencia impositiva entre los municipios turísticos y el resto, salvo algunas excepciones. En el caso de Pájara (Fuerteventura), por ejemplo, su población paga el importe de Santa Brígida multiplicado por 4,5 veces.
Según los citados periódicos, “Vivir en un municipio eminentemente turístico implica soportar una mayor presión fiscal, es decir, pagar más en impuestos, tasas o precios públicos. Así lo evidencian los datos que maneja el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que sitúan a Adeje, con 1.798,51 euros de media por vecino, y Pájara, con 1.765,7 euros, como las dos localidades de la Comunidad Autónoma con mayor presión fiscal”.
“Un indicador” añade la información “que mide la cuantía media con que cada ciudadano contribuye al sostenimiento de las arcas de su ayuntamiento y que se ha disparado en los últimos ejercicios, en los que los consistorios del Archipiélago se aferraron a los ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para sortear las consecuencias de la crisis económica”.
“Y lejos de suavizarse la tendencia con la salida de la crisis, lo cierto es que también en 2016 aumentaron los ayuntamientos de las Islas sus ingresos fiscales, tanto como en 43,2 millones de euros, un 3,2% más que no es tan significativo por su magnitud como por el hecho de que se suma a los sucesivos incrementos que vienen produciéndose desde 2010”, continúa la información.
“La liquidación de los presupuestos de los consistorios canarios, esto es, la radiografía de lo que verdaderamente ingresan y gastan las corporaciones locales durante un ejercicio, deja ya de entrada dos evidencias. Por un lado, las enormes diferencias que existen entre municipios, hasta el punto de que un vecino de Mogán gasta cada año 1.026 euros más en pagar impuestos y tasas a su ayuntamiento que uno de Santa María de Guía, la friolera de un 245% más. O hasta el punto de que un residente en Puerto de la Cruz se deja un 337% más que uno de San Juan de la Rambla”.
“Por otro lado, las cifras del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ponen de manifiesto que en el particular top ten de las localidades con mayor presión fiscal –Adeje, Pájara, Mogán, Yaiza, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz, Arona, Tías, La Oliva y Artenara– nueve de las diez, todas menos Artenara, son localidades que viven fundamentalmente del turismo”, afirma el periódico.
“Las decenas de miles de visitantes que cada día transitan las calles y usan los servicios de estos municipios dan lugar a una población flotante que en ocasiones cuadruplica e incluso quintuplica la población residente. Este es uno de los principales argumentos que vienen esgrimiendo los alcaldes de los municipios turísticos para exigir una mayor financiación que compense el mayor coste a que da lugar la primera industria de la región”, explica.
Aclara el autor que “En 2016, el último ejercicio fiscalizado por Hacienda, los 88 ayuntamientos del Archipiélago –en realidad 87, ya que el Ministerio no cuenta aún con datos cerrados de Valsequillo– ingresaron por impuestos, tasas y precios públicos la cifra récord de 1.383,3 millones de euros. Un montante que supera en más de 350 millones lo recaudado en 2010, cuando los consistorios descubrieron en el IBI su tabla de salvación durante la crisis”.
“Los recibos del IBI urbano –la llamada contribución– dejaron en 2010 en las arcas municipales canarias menos de 396 millones de euros. En 2016 la factura llegó ya a prácticamente 500 millones, tras sucesivos incrementos en cada ejercicio que hicieron del IBI el principal factor de crecimiento de la presión fiscal en las localidades isleñas”, añade.
Asimismo, indica que “Claro que también aumentaron los ingresos por la controvertida plusvalía –hasta prácticamente el doble, 89 millones, de lo que el impuesto dejaba en 2010– y las tasas”.
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