Según el último informe del Alto Comisionado sobre Pobreza Infantil que acaba de publicar el Gobierno de España, el municipio de Santa Brígida registra la tasa más baja de pobreza infantil de Gran Canaria (con un 20,3%).
Si bien los datos son buenos, hay que recordar que en el mismo municipio satauteño aún hay menores que siguen viviendo en hogares que no pueden garantizar su bienestar. O bien se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, o padecen privación social o material severa.
Como así desvelaba hace unos días el periodista Martín Alonso en el diario digital AtlánticoHoy, La Aldea, en Gran Canaria, es el municipio con la tasa más alta de pobreza infantil (un 46,1%), frente a Tuineje, en Fuerteventura (con un 20%), que presenta el porcentaje más bajo de todo el Archipiélago.
Una combinación de dos factores estructurales y sistémicos, como la dificultad del acceso a una vivienda digna en tiempos de una inflación disparada, precios del alquiler desorbitados y la precarización del empleo con bajos salarios, están en el origen del problema.
Así lo denunció el pasado mes de febrero el director de Unicef en España, José María Vera: “Las condiciones habitacionales no dignas impiden que se puedan afrontar gastos en una nutrición correcta, en escolarización, en digitalización”, lo que “supone una vulneración de los derechos de la infancia, afecta a sus oportunidades, a su alimentación, y acaba teniendo incidencia sobre su salud y sobre sus posibilidades educativas”.
Por tanto, es necesario seguir impulsando políticas de escudo social que conviertan la lucha contra este problema en un objetivo de Estado, así como mejorar las herramientas que puedan guiar a las administraciones y a las organizaciones de la sociedad civil hacia dónde tienen que ir los recursos.
Entre las acciones en el ámbito de la protección social pública que han ayudado tímidamente a revertir la situación en los últimos años se encuentra el incremento del salario mínimo, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y su complemento por hijos menores, o la ampliación de becas en la educación, pues nos encontramos ante hijas e hijos de trabajadores pobres que no logran tener una vida digna pese a sus progenitores tener empleo.
Como señala Martín Alonso, “la desventaja socioeconómica marca el presente de los menores, pero también les genera hándicaps a medio y largo plazo: presentan mayores tasas de absentismo escolar y mayor probabilidad de abandono escolar prematuro —afecta al 44,1% de los estudiantes de primaria y secundaria, la mayoría de hogares con rentas bajas “.
Es necesario recordar que las secuelas socioeconómicas del Covid-19 han afectado sobre todo a la población infantil, especialmente hogares con niños dependientes y familias monoparentales. Privaciones que advirtió Plataforma de Infancia el pasado mes de abril, como pobreza energética, incapacidad a la hora de sufragar el ocio o enfrentar otros gastos, inluso no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Por tanto, es importante seguir desarrollando políticas, como una prestación universal a la crianza, para que niños, niñas y adolescentes no continúen siendo las principales víctimas de la pobreza y la exclusión social.
El informe del Alto Comisionado sobre Pobreza Infantil señala que, en Gran Canaria, la tasa más alta se localiza en La Aldea. En la zona de poniente, un 46,1% de los 1.092 menores censados en el municipio afronta su día a día en una situación de riesgo de pobreza moderada. En el resto de ayuntamientos, el porcentaje supera el 30%. Y por debajo del umbral del 30%, aparecen sólo cuatro localidades: Agüimes (28,2%); Arucas (28,3%); y Valleseco (29%) y Santa Brígida (20,3%).
Son buenos datos para el municipio satauteño, pero seguiremos trabajando con un plan de empuje que mejore la calidad de vida en el municipio, dinamizaremos la economía y convertiremos Santa Brígida en el verdadero referente de Gran Canaria.
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