Los concejales de Unidos por Gran Canaria dejan el Grupo de Gobierno al abrirse juicio oral al edil Martín Sosa por un conflicto entre taxistas de la capital y la Villa

Miembros de la Corporación

Los concejales Martín Sosa y Purificación Amador, de Unidos por Gran Canaria (UxGC) han decidido abandonar el Gobierno municipal en la Villa en “cumplimiento de lo acordado al inicio del mandato” tras la apertura de juicio oral contra el cabeza de lista de dicha organización por una causa originada en 2014 a partir de una denuncia por presunto intrusismo de los taxis de la Villa en la zona correspondiente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, este procedimiento tuvo que dirimirse entre los denunciantes con el Ayuntamiento capitalino y la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria pero, por error, se remitieron los documentos al Ayuntamiento satauteño, lo que ha dado lugar al procedimiento contra el dirigente de UxGC por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

La decisión de abandonar el pacto de Gobierno de los concejales de UxGC se debe a que en el Pacto de Gobierno firmado entre las distintas organizaciones que lo conforman se había establecido que los concejales deberían renunciar al acta “desde el momento en el que se le dé traslado del auto de apertura de juicio oral por un procedimiento penal”, por lo que han considerado que en este caso se debe asumir dicho compromiso hasta que se determine si hubo o no una actuación punible en el caso, en cuyo sentido, Sosa Domínguez señala que «confío en la justicia y en mi inocencia y lo voy a demostrar, donde hay que hacerlo”.

De esta manera, el Grupo de Gobierno quedará reducido a seis concejales de los 9 con los que comenzó el mandato, tras el cese por pérdida de confianza de la edil de Coalición de Centro Democrático, Oneida Socorro. Y, ahora, la marcha de los ediles de Unidos por Gran Canaria. El Grupo de Gobierno queda conformado por los partidos ANDO Sataute (4 concejales). PSOE (1 concejal) y Nueva Canarias (1 concejal), en un Ayuntamiento en el que las restantes fuerzas políticas han quedado conformadas de la siguiente forma: 3 ediles del PP, 2 por Cambio por Sataute, 2 de Unidos por Gran Canaria, 1 de Ciudadanos, 1 del CCD y 2 en el grupo de No Adscritos.

Antecedentes del caso

El 15 de Septiembre de 2014, el Presidente de la Asociación de Taxistas de Tafira Alta ‘La Tornera’, Juan Ramón Naranjo García, presentaba escrito en la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción por el que manifestaba que la asociación «ha venido denunciando desde hace años una serie de infracciones que se vienen cometiendo en el municipio de las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de Tafira Alta, por taxistas del Municipio de Santa Brígida, más concretamente los de la Parada del Monte Lentiscal, ya que los mismos vienen realizando servicios fuera de sus competencias (Santa Brígida) recogiendo pasajeros dentro de los lindes de Las Palmas de Gran Canaria”.

En su exposición afirma que “El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, por carta de 6 de Junio de 2013, reconociera que hizo actuaciones desde la Concejalía correspondiente hacia las Asociaciones de Taxistas existentes en el Municipio de Santa Brígida, así como poner en conocimiento de la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria y de Santa Brígida los hechos. Librando al efecto oficios dirigidos a las diferentes Asociaciones de Taxi de la zona de Santa Brígida, para que se abstuvieran de recoger viajeros fuera del ámbito jurisdiccional de ese Ayuntamiento”.

“Dado que las gestiones realizadas hasta el momento no han obtenido la corrección de las acciones ilícitas de los taxistas del municipio de la Villa de Santa Brígida, nos lleva a pensar que las sanciones impuestas por la Policía Local de Las Palmas de G.C. no se están llevando a último cumplimiento, esto es el pago de las sanciones impuestas y las sanciones como faltas graves estipuladas en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto-Taxis”.

Ese mismo día el fiscal delegado remitió dicha denuncia al Fiscal Jefe en Madrid, Antonio Salinas Casado, quien responde que los hechos “resultan ajenos a las competencias de esta Fiscalía Especial”. Ante esta situación, el 7 de Octubre, el Fiscal Jefe Guillermo García-Panasco, decreta incoar diligencias de investigación, asignando al Fiscal Miguel Pallarés Rodríguez para la comprobación de los hechos y de sus posibles autores.

El 15 de Octubre el Fiscal Pallarés Rodríguez, toma declaración a Juan Ramón Naranjo y manda oficio al Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. para que remitan copia de los expedientes sancionadores que debieron incoarse por parte de la Policía Local.

El 3 de Diciembre de 2014, el Fiscal remite oficio al Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. respecto a los originales de los boletines de denuncia para que informen si están en su poder o fueron remitidos al Ayuntamiento de Santa Brígida o al Cabildo de Gran Canaria. Con fecha 16 de Enero la Jefa de la Sección de Tráfico y Transportes, Teresa Marrero Franco, informa que “todos los originales de los boletines de denuncia relacionados (excepto el nº 01472677, que no tuvo entrada en esta Sección), fueron remitidos al Ayuntamiento de Santa Brígida”.

El 29 de Enero, el Fiscal Pallarés Rodríguez, formula denuncia de hechos supuestamente cometidos por taxistas del Municipio de Santa Brígida que podrían ser constitutivos de intrusismo y prevaricación administrativa. Asimismo, señala que las denuncias, excepto una, fueron remitidos por error al Ayuntamiento de Santa Brígida.

Ante esta situación, considera que el Ayuntamiento de Santa Brígida, concretamente el Concejal Delegado de Tráfico y Transportes, en aquel momento Martín Sosa, no ha custodiado debidamente y de forma intencionada los boletines de denuncia señalados al no haber remitido los originales al Cabildo de Gran Canaria.

Tal comportamiento puede inferirse de las contestaciones del Concejal del Ayuntamiento de Santa Brígida -Martín Sosa- a los escritos remitidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., al afirmar que «se están realizando los trámites oportunos», por lo que considera que “no solo la custodia sino la no aportación de los originales de los boletines de denuncia que por error el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitió al Ayuntamiento de Santa Brígida, está claramente dirigida, por el Concejal, a que no pueda incoarse expediente sancionador alguno por parte de la Administración competente, el Cabildo de Gran Canaria, al no remitirle el original preceptivo”.

El Fiscal estima que los hechos «presentan indiciariamente caracteres de un delito de infidelidad en la custodia de documentos», por parte del edil, por lo que insta al Juzgado de Instrucción que corresponda se incoen las correspondientes Diligencias Previas, interesando igualmente la práctica de la siguiente diligencia: Se tome declaración en concepto de imputado a Martín A. Sosa Domínguez».