La nueva ordenanza del Taxi avanza en su tramitación

Luz verde a la nueva Ordenanza Municipal Reguladora del servicio del Taxi en Santa Brígida para modernizar, hacer competitivo y más accesible el sector. La normativa, que regula de forma clara los derechos y obligaciones de los prestadores del servicio y de las personas usuarias, recibió el visto bueno de la Corporación Municipal en el último Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida.

El concejal encargado de este servicio, Juan Armando Umpiérrez, explicaba que el nuevo texto incorpora distintas demandas de las asociaciones profesionales existentes en el municipio; Astasabri, Astameca y Monte Lentiscal. El documento introduce novedades significativas respecto al reglamento actual, que data del año 2008.

Entre las exigencias a los conductores se encuentra regulado por la normativa vigente cuidar el aseo y la vestimenta en la prestación del servicio, pero en el artículo 73 del nuevo texto se explicita un nuevo código de vestir en las horas de servicio, que mejorará la imagen del sector.

Entre las obligaciones de los conductores se encuentran también las de dar factura del trayecto, ayudar a subir y bajar a las personas con movilidad reducida e indicar a los usuarios al finalizar el servicio la conveniencia de comprobar el olvido de algún objeto. Además, se incorporan nuevas disposiciones en lo que se refiere al transporte de personas con movilidad reducida. Por ejemplo, los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema braille.

La nueva ordenanza municipal pasa también por establecer la publicidad en los vehículos prestadores del servicio, regulando incluso la posibilidad de instalar publicidad interior, haciendo hincapié en la prohibición de publicidad que atente contra los Derechos Humanos.

La modificación del Reglamento Municipal Regulador del servicio de Auto-Taxis del municipio de Santa Brígida, una vez publicado su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), quedará sometido a exposición pública, por un periodo de 30 días, a fin de que las personas interesadas puedan examinar el expediente electrónico y formular las sugerencias que estimen oportunas.