El Diputado del Común confirma el bajo número de quejas correspondientes al municipio satauteño

Rafael Yanes, Diputado del Común, habla al alcalde y concejalas.

Rafael Yanes Mesa, Diputado del Común de Canarias, junto a su adjunto Felipe Afonso El Jaber, realizó una visita de presentación al Ayuntamiento de Santa Brígida el miércoles 6 de septiembre, donde plantearon al alcalde José Armengol sus objetivos y la situación de las quejas pendientes de informe por parte de la Corporación satauteña. En la actualidad, el municipio abiertos cinco expedientes de quejas planteadas entre 2017 y 2018, relativas a diferentes cuestiones planteadas por vecinos y vecinas de la Villa, lo que es considerado un número bajo en relación con el conjunto de expedientes en trámites por la oficina del Diputado del Común en el Archipiélago, que superan el millar de quejas. Desde 2015 hasta el pasado mes de julio, el Ayuntamiento satauteño ha sido objeto de un total de 13 quejas.

En la reunión con el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, participaron las concejalas de Participación e Igualdad, Rosalía Rodríguez, de Vías y Obras, Avelina Fernández, de Barrios, José Luis Álamo, y de Servicios Sociales, Lucas Tejera, departiendo acerca de la actualidad del Diputado del Común tras la renovación de casi todos sus cargos, así como las actividades que desarrolla este órgano del Parlamento de Canarias.

La tipología de quejas es muy variada, desde cuestiones de poda en un parque o la solicitud de colocación de bolardos hasta una petición de devolución de un aval realizado años atrás, o discrepancias sobre la calificación de un establecimiento comercial. Las personas que presentan queja buscan la mediación del Diputado del Común que analiza las peticiones y determina si pueden ser objeto o no de expediente para solicitar la respuesta de la administración afectada, en este caso el Ayuntamiento satauteño.

Tras hablar de los asuntos pendientes entre el citado organismo y el Ayuntamiento, los asistentes conversaron sobre las dificultades de los municipios para atender las necesidades de la población y el territorio, a causa de las restricciones impuestas por Ley a la contratación de personal para atender los servicios básicos, así como la complejidad de los nuevos procesos administrativos que ha incorporado la Ley de Contratos, entre otros asuntos.