El Ayuntamiento busca reducir los importes a pagar por el centro comercial paralizado hace quince años

Imagen de archivo de un Pleno municipal

Seis concejales/as de la oposición en el municipio de Santa Brígida, pertenecientes a CxS, UxGC, CCD y una edil no adscrita, promovieron la celebración de un Pleno para abordar la situación del polémico edificio paralizado desde hace unos quince años en el centro del pueblo. Durante la sesión, volvió a recordarse el proceso, la situación de los distintos litigios entre el Ayuntamiento y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida, el procedimiento de nulidad de la concesión, así como la situación del Plan General de Ordenación Sustitutorio, señalándose por los responsables municipales que el objetivo es reducir los importes ya establecidos en sentencia, así como poner fin a las demandas pendientes de sentencia, y rescatar la concesión sobre la parcela.

La Corporación satauteña celebró el lunes 2 de abril una sesión extraordinaria a instancias de los concejales y concejalas de Cambio por Sataute, Unidos por Gran Canaria, Coalición de Centro Democrático y una edil no adscrita. Previamente al inicio del Pleno, la portavoz del PP, Inmaculada Sáez, solicitó la suspensión del mismo, al indicar que a tenor de la convocatoria “no sabemos de qué va esta sesión ni a qué negociación se refiere, por lo que nos sentimos en indefensión y por ello solicitamos la desconvocatoria del mismo”. En su intervención, la portavoz popular hizo lectura del Orden del Día, que establecía cinco puntos: “Dar cuenta al Pleno sobre las negociaciones mantenidas y debatir sobre ello; Proceder a dar las órdenes precisas para la incoación del expediente en relación al tema que nos ocupa antes de la celebración del próximo Pleno Ordinario del mes de abril; Incluir en el expediente los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los técnicos municipales; Incluir en el expediente la posición de Tesorería de este Ayuntamiento actualizada a fecha de cuando se incoe el expediente; dar cuenta de todo ello en el Pleno a celebrar en el mes de abril”.

En ese momento, se produjo un debate en torno a la intención y objetivos del Pleno, señalando los firmantes de la convocatoria que se han visto abocados a solicitar esta reunión para conocer el alcance de las negociaciones con mediación en ámbito judicial que se celebran con la UTE, acusando al grupo de Gobierno y al Grupo Popular de no facilitar información sobre las negociaciones y de no escuchar su punto de vista respecto a este asunto.

La concejala popular reiteró su crítica a la convocatoria a la que se sumó el concejal de Ciudadanos, Juan José Pons, quien criticó a los convocantes por no hacer las cosas correctamente. Martín Sosa (UxGC) y Oneida Socorro (CCD) insistieron en que el contenido del Pleno era conocido por los demás miembros de la Corporación y afirmaron desconocer cómo está el proceso.

En este sentido, el alcalde satauteño, José Armengol, indicó que al tratarse de un Pleno Extraordinario no podía modificarse el Orden del Día ni procedía su suspensión, y señaló que en reuniones anteriores ya habían informado sobre las propuestas que se barajan, pero advirtió que la Ley de Municipios establece el derecho a la reserva de información en procesos delicados como el que está en marcha pero que en esta Corporación hay quienes en menos de media hora ya están en los medios con la información que se les aporta.

Martín Sosa recordó que en octubre de 2017 se recibió un escrito con un ultimátum de la UTE y que en febrero pasado fueron informados de la decisión de que en las negociaciones participaría la portavoz del PP por tratarse del partido mayoritario de la oposición, ante lo que manifestó que la citada edil no le representa, solicitando que se cree una mesa de negociación con el alcalde, el concejal de Urbanismo y los portavoces de los grupos de la oposición en la que podrían prescindir de él pero que hubiera una amplia representación municipal, además de indicar que su postura desde un principio era negociar pero no sólo para rescatar la parcela sino para que se termine la obra. Recordó que en un principio votó a favor de la causa de nulidad del concurso para recuperar la concesión tal como acordó el Grupo de Gobierno cuando UxGC y CCD eran parte también del Grupo de Gobierno, pero que no es la única opción.

El alcalde, José Armengol, insistió en que los concejales y concejalas reconocen que han tenido información, pero advirtió de una posible confusión en sus planteamientos y es que ya existe una sentencia firme que condena al Ayuntamiento al pago de 16 millones de euros a la UTE. También indicó que estaba pendiente de emitir el Cabildo el informe para el proceso de nulidad del concurso y que el mismo llegó el pasado 23 de marzo, el cual ratifica los informes ya existentes y aporta mayor contundencia a la argumentación municipal. Sin embargo, sea cual sea la solución, conlleva pago por parte del Ayuntamiento, por lo que se intenta en todo momento reducir el importe de la deuda, para lo cual se ha emitido un informe. En cuanto a la participación de la Corporación en el proceso, el alcalde reiteró que todo acuerdo, si se formaliza, habrá de pasar por el Pleno con el acuerdo de todos porque ha de ser un acuerdo corporativo y no buscar el rédito político por parte de ningún grupo. Por ello, los informes y el acuerdo saldrá en el momento en el que proceda.

Armengol recordó que existe una segunda demanda pendiente de sentencia y por la que la UTE pide al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma 57 millones de euros. Por ello, en la negociación se plantea también poner fin a este proceso. Respecto a la continuidad o finalización de la obra, el alcalde recordó a los/as concejales/as de la oposición que lo ejecutado y lo que se pretendió hacer por la UTE no responde a lo que figura en el contrato.

El concejal de Ciudadanos intervino para señalar que el objetivo de algunos concejales y concejalas de la oposición es desinformar al pueblo y hacer política barata, al entender que “se quiere dar por bueno todo lo hecho hasta llevarnos a esta situación” y recordó que en el Pleno se había votado por unanimidad de los 17 componentes de la Corporación llevar a cabo el proceso de nulidad de la concesión, por lo que manifestó que no se puede estar cambiando de posición según se esté en el Gobierno o en la oposición. José Luis Álamo (NC) se posicionó a favor de recuperar la concesión para evitar que, además de pagar a la constructora, seguir sin poder hacer nada con la parcela.

José Armengol volvió a intervenir para rechazar que se quiera poner freno u obstáculos a la situación de la parcela en disputa en la tramitación del nuevo PGOs. Y culminó señalando que el Plan General está ya en manos del Gobierno de Canarias tras las correcciones realizadas por el equipo redactor al ser avisado de que no se había atendido adecuadamente los asentamientos rurales. El documento fue entregado hace dos semanas y están pendientes de la Resolución de la Consejería. Armengol reiteró que se trata de llegar a un acuerdo para que no haya riesgo para el Ayuntamiento. Planteó a los representantes de la oposición que no cuestiona la voluntad de sus planteamientos, pero pidió que tampoco cuestionaran la de ningún otro representante de la Corporación en la defensa de los intereses municipales.

Melquiades Álvarez (ANDO Sataute) intervino para señalar que “parece que estamos ante una cuestión que ha surgido espontáneamente” para indicar que están enfrentándose por unas cuestiones que han costado muchos millones de euros al municipio, por lo que pidió rigor a los concejales y concejalas, al indicar que ninguno de los presentes pretende dilapidar los recursos del municipio, “pero esa sentencia hay que pagarla” y “nunca ha habido tanta información sobre este tema como en este mandato”. Recordó que han sido varias las reuniones mantenidas siendo la última de ellas en marzo, donde se explicó todo “pero no se enteraron por el follón que se montó”, y se planteó que la representante de la oposición fuera Inmaculada Sáez por ser la portavoz del grupo mayoritario de la oposición y además ejercer como abogada. Asimismo, señaló los logros obtenidos en este mandato, como es ‘parar el contador’ de los intereses que suponían 3700 euros diarios de indemnización a la UTE, además de iniciarse el procedimiento de nulidad en el Consejo Consultivo de Canarias, así como los informes jurídicos para defender los intereses municipales, y por último la negociación de un posible acuerdo en marco judicial. Porque recordó que “este partido lo comenzamos perdiendo por 100 a 0” por lo que consideró difícil que se pueda plantear ahora pagar y esperar que acaben la obra.

Parte de la oposición consideró que la portavoz del PP no les representa, así como insistieron en que se reconsiderara la postura y se forme una nueva mesa negociadora con más miembros de la oposición. En este punto, el alcalde reiteró que todo acuerdo que se tome sobre este asunto contará con los informes técnicos necesarios, los cuales serán discutidos por la Corporación y en su caso homologados en sede judicial. El alcalde cerró el Pleno anunciando una próxima reunión de una mesa de trabajo sobre este asunto.