El Ayuntamiento remite el expediente de nulidad del contrato del centro comercial al Consejo Consultivo de Canarias

Miembros de la Corporación

El pasado cuatro de abril fue presentado en el Registro del Consejo Consultivo de Canarias el expediente de revisión de oficio para la declaración de nulidad del contrato formalizado en noviembre de 2002 entre el Ayuntamiento de Santa Brígida y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida de ‘Concesión administrativa de obra pública en orden a la construcción de un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano, así como la redacción de todos los documentos y trabajos necesarios para la ejecución del mismo y posterior explotación del inmueble de aparcamientos subterráneos, locales comerciales y multicines”. El objeto de esta gestión es que el Consejo Consultivo de Canarias emitan el dictamen preceptivo sobre este contencioso que mantiene paralizadas las obras en el centro del casco del municipio desde hace más de una década.

La Corporación municipal de Santa Brígida inició las gestiones tras la aprobación en junio de 2016 por unanimidad de los ocho partidos con representación en el Ayuntamiento de un acuerdo plenario por el que se iniciaba el proceso de nulidad del contrato del edificio de aparcamientos y zona comercial, fundamentado en los informes jurídicos elaborados por un gabinete jurídico externo, expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria. Con ello se preparó el expediente que fue ratificado el pasado mes de octubre y que tras las alegaciones formuladas al mismo se ha tramitado ante el Consejo Consultivo para que proceda a emitir el dictamen preceptivo en virtud de la Ley 5/2002 del Consejo Consultivo de Canarias. Con la solicitud, se entregó también un DVD sobre “declaración testificales y periciales en el P.O 166/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, así como desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento s

e adjuntó una “Adenda documental de revisión de oficio”, que consta de cuatro anexos.

Los ocho grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida aprobaron por unanimidad el 14 de julio de 2016, en una sesión histórica, remitir al Consejo Consultivo de Canarias los informes jurídicos y el acuerdo plenario por el que se declara la nulidad del contrato formalizado en 2002 entre la Corporación satauteña y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida, por el que se inició la construcción de un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano. Una serie de acontecimientos judiciales y modificaciones planteadas sobre el proyecto inicial dieron lugar a la paralización de las obras más importantes de la historia de la Villa en la parcela más valiosa.

Posicionamiento político

“El inicio del fin”. Con estas palabras definió el alcalde satauteño, José Armengol Martín, la aprobación por unanimidad de acuerdo plenario adoptado por los concejales y concejalas de los ocho grupos políticos que conforman la Corporación municipal y que reflejaron el “sentir de la sociedad de Santa Brígida” por la necesidad de acabar con la inacción del Ayuntamiento ante un asunto que ha costado a los vecinos de la Villa una condena millonaria en indemnizaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida que obtuviera la concesión y el contrato para el polémico edificio.

La portavoz del Partido Popular, Inmaculada Sáez, indicó que no se trata exclusivamente de un proceso administrativo, sino que también afecta al ámbito de la legislación civil y que debe contemplarse la buena fe contractual y la confianza legítima en los acuerdos entre el Ayuntamiento y la UTE.

También intervino en aquel Pleno la portavoz del grupo Cambio por Sataute, Guadalupe del Río, quien solicitó que se ampliaran los informes jurídicos que conforman el expediente, en particular el que realizaron los servicios jurídicos del Cabildo Insular de Gran Canaria y el del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Adolfo Jiménez Jaén.

Juan José Pons, concejal de Ciudadanos, hizo hincapié en el aspecto político de esta decisión, al señalar que con ella “se pone punto y final al inmovilismo y se abre el camino que va por la defensa del interés general”. Esta decisión “pondrá fin al ostracismo de este pueblo”, añadió, y destacó que el acuerdo tiene un significado doble “la solución a un problema económico y que el pueblo sea consciente de que vamos a recuperar esa parcela”.

Oneida Socorro, edil del CCD, afirmó que con este acuerdo “debemos felicitarnos todos por llevar a Pleno un acuerdo histórico”, añadió que “queda mucho camino pero ya es el inicio que todos esperamos”.

El concejal de Nueva Canarias, José Luis Álamo, calificó el acuerdo como una iniciativa que puede dar “esperanza a la sociedad satauteña” y deseó que el mismo pueda dar la atención a la demanda social y que “se afiance y que el pueblo gane”.

Lucas Tejera, concejal del PSOE, quiso recordar a “todos los que han luchado y apoyado acabar con esta situación”, al considerar que es un “día importante porque pasamos al movilismo”, lo cual ha sido “gracias al Gobierno municipal, a la oposición y a los vecinos, porque es el comienzo de la solución y debemos sentirnos orgullosos por ello”.

Alexis Martín, portavoz de Unidos por Gran Canaria, manifestó que aprobaron el acuerdo porque “es un momento clave tras doce años de parálisis” y señaló que “es bueno dar una respuesta a esta situación.

El portavoz de ANDO Sataute, Melquiades Álvarez, señaló que “se trata de un año de trabajo de la Corporación y colaboradores internos y externos. Un trabajo que nos ha absorbido todo el tiempo pero que supone un punto de inflexión de este tema pero también de la política municipal”. También lamentó las presiones sufridas por técnicos y miembros de la Corporación de “manera impresentable por la UTE por escrito”. Asimismo felicitó a la Corporación por el acuerdo y advirtió que “el camino no acaba aquí sino que será largo”, pero ya lo han iniciado.

Tras las intervenciones se votó el acuerdo que fue aprobado por unanimidad, tomando la palabra el alcalde, José Armengol Martín, para cerrar éste punto afirmando que “estamos ante el inicio del fin. Vamos a trabajar con esta apuesta de la Corporación en el marco legal y con cautela jurídica”, pero también insistió en que era necesario el acuerdo porque “la inactividad también cuesta dinero a los vecinos y vecinas”.