El Ayuntamiento reúne a los vecinos de las viviendas del Patronato para desmentir que se vaya a derribar sus casas

Ante la sala abarrotada del Centro Cultural Municipal de la Villa, el concejal de Urbanismo, Eduardo Martín, el alcalde satauteño, José Armengol, y la arquitecta y el asesor jurídico de Urbanismo explicaron la situación administrativa de las viviendas del Patronato en el Plan General Sustitutorio y el proyecto presentado en el Cabildo Insular para acogerse al programa de Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbanas. El motivo de esta asamblea es dar respuesta a la alarma producida entre los residentes al divulgarse en el pueblo la noticia de que el concejal de Urbanismo iba a promover la expulsión de los vecinos y vecinas para proceder al derribo de dichas viviendas sociales construidas hace cincuenta años.

El concejal de Urbanismo inició su intervención preguntando a los asistentes si alguien pensaba que él había pedido tirar las casas. Inmediatamente afirmó que “ni lo he pedido, ni lo pido, ni lo pediré”, para a continuación pedir a los vecinos que tuvieran tranquilidad. En este sentido, informó que el pasado 7 de octubre presentó ante el Cabildo de Gran Canaria un proyecto para regenerar dos de los cinco bloques de los edificios del Patronato por un importe de 291.000 euros que financiaría el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, el Ayuntamiento y los vecinos, que tendrían que aportar el 2% del presupuesto lo que supondría unos 88 euros por vivienda. Con dicho presupuesto, de aprobarse, se arreglarían cubiertas, canalizaciones, patios, entorno de aceras y recogida de residuos a ejecutar entre 2017 y 2018, quedando el resto de edificios para posteriores etapas.

Sin embargo, el mismo día en que registró la solicitud para acondicionar dos de los bloques, recibió la visita de una vecina alarmada que había sido informada de que la Concejalía había tramitado la declaración de los bloques del Patronato como ARU en el Plan General y que serían derribadas y sus propietarios tendrían que ir a otro lugar. Ante ello, el concejal explicó a la vecina que lo único cierto es que esta pieza urbanística está fuera de ordenación (son edificios de cuatro plantas cuando en el casco municipal el máximo de altura está establecido en tres plantas), además se ha constatado la obsolescencia de las construcciones de unos cincuenta años de antigüedad. No obstante, gracias a su declaración como ARU en el Plan General, estas edificaciones podrán acogerse a los planes de regeneración urbana en caso de que en un futuro los vecinos lo deseen y se logre financiación para la reposición de las viviendas, para lo cual el Ayuntamiento ha reservado suelo en la zona próxima a la antigua Residencia de Educación y Descanso, en el casco del municipio.

Eduardo Martín explicó a los vecinos que el Plan General lo realiza la Consejería de Política Territorial y el equipo redactor fue contratado por la empresa pública Gesplan. Asimsimo, indicó que el Plan se encuentra en trámite y todavía faltan informes sectoriales de distintos organismos, para que el documento pueda ser presentado. Asimismo, comentó que se presentaron unas 800 alegaciones por parte de vecinos y entidades del municipio que han sido respondidas y se entregarán a los interesados en el momento en el que la Consejería de Política Territorial culmine esta etapa del procedimiento.

El concejal insistió que no hay ninguna intención por parte del grupo de Gobierno de demoler los edificios ni tienen posibilidad de quitar las viviendas a sus legítimos propietarios, si bien consideró que la declaración de ARU en el Plan General es una ventaja importante para los vecinos, ya que garantiza que podrán acogerse a planes de reposición de las viviendas con financiación pública.

Tras las explicaciones se produjeron varias intervenciones de concejales de la oposición y de varios vecinos. El primero en intervenir fue el concejal de Ciudadanos, Juanjo Pons, quien indicó que no duda de la buena fe del responsable de Urbanismo y del Grupo de Gobierno, pero que no se ha informado a la ciudadanía y se ha dejado en manos de los técnicos el urbanismo cuando “lo hemos de decidir entre todos porque es nuestro futuro”. Eduardo Martín le respondió que el Plan ya tuvo un periodo de información pública, pero que actualmente la información la da la Consejería aunque está incompleta por la falta de algunos informes sectoriales.

Una vecina preguntó si los edificios ‘grises’ las casas de Don Elías y las casas baratas se encontraban en la misma situación urbanística, A este respecto, el concejal indicó que no tienen la misma calificación.

Otra de las consultas fue en torno a la información pública y el estado de tramitación del Plan General ya que no se había respondido a las alegaciones. A esta consulta, el concejal de Urbanismo indicó que las alegaciones están redactadas pero no se pueden enviar hasta la incorporación de los informes sectoriales, pero anticipó que el Ayuntamiento no ha introducido ninguna modificación sustancial en el documento del Plan porque ello supondría reiniciar los trámites del Plan General y provocaría un retraso importante para que Santa Brígida cuente con una normativa urbanística.

La concejala de Cambio por Sataute, Guadalupe del Río, explicó que consiguió la información del Plan General solicitándola en la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, al no poderla conseguir en el Ayuntamiento. Asimismo, indicó que las viviendas afectadas por el ARU no son insalubres sino confortables, bien cuidadas y reformadas por sus inquilinos y que no pueden compararse con las del Polvorín o de otros barrios de viviendas sociales de Las Palmas de Gran Canaria. Eduardo Martín replicó que el conjunto de las casas del Patronato precisan de una reforma porque “su degradación se ve a simple vista”. Asimismo, explicó que la calificación de ARU para los bloques no fue solicitada por el Ayuntamiento sino considerada necesaria por el equipo redactor del Plan General.

Tras varias intervenciones de algunos vecinos y vecinas, así como de los concejales y del Alcalde, tomó la palabra el edil de Cultura, Melquiades Álvarez, para pedir a los presentes que se mantenga en el futuro la dinámica de que los responsables públicos expliquen a los vecinos y vecinas aquellas cosas que les afectan “y acabar con los malos vicios de gente que con perversidad, usando mentiras e informaciones distorsionadas pretenden provocar el engaño y el miedo entre los ciudadanos”, en referencia a la alarma creada entre los residentes en las casas del Patronato de la supuesta demolición.