El Ayuntamiento posterga el proceso de nulidad del contrato del edificio de aparcamientos y comercios

Imagen de las obras del centro comercial

La Corporación satauteña rechazó la declaración de urgencia del Pleno Municipal que debía abordar la nulidad del contrato formalizado en 2002 para construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano, y cuyas obras llevan paralizadas una década. El rechazo se produjo con diez votos de los partidos de la oposición: PP (el edil Salvador Socorro no se encontraba en el Pleno), Cambio por Sataute (CxS) y Ciudadanos (Cs), y tres concejales del grupo de Gobierno de los partidos Unidos por Gran Canaria (UxGC) y Ciudadanos de Centro Democrático (CCD) Los seis votos favorables de los concejales de ANDO Sataute, PSOE y Nueva Canarias (NC) no bastaron para aprobar remitir la documentación sobre este asunto al Consejo Consultivo de Canarias. Sin embargo, tras el pleno frustrado, todos los concejales celebraron una reunión en la que reiteraron su voluntad de mantener la unidad ante el proceso para recuperar la concesión sin que haya ninguna duda sobre el proceso administrativo.

El Ayuntamiento de Santa Brígida rechazó por once votos contra seis la urgencia del Pleno Municipal que tenía que tratar la declaración de nulidad de pleno derecho del contrato formalizado el día 19 de noviembre de 2002 entre este Ayuntamiento y la representación de a UTE Santa Brígida para la construcción de un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano, adjudicado por acuerdo del Pleno municipal el día 5 de junio de 2002. El Ayuntamiento planteaba causa de acto de contenido imposible. Este asunto no pudo ser abordado, al solicitar los grupos de la oposición y algunos concejales del Grupo de Gobierno retrasar el debate a otro pleno por no estar justificada la urgencia según el informe de la Secretaría.

El primer concejal en intervenir fue José Luis Álamo (NC) quien solicitó que se aclarara si el informe de Secretaría suponía una “observación técnica o un juicio de valor” al incluir “amenazas veladas de causa penal”. Por su parte, la portavoz del PP, Inmaculada Sáez, advirtió que su grupo votaría en contra por no “validar un procedimiento administrativo cuyo expediente contiene errores en la formalidad” y que podría dar lugar a un futuro desafortunado por la posible vía contencioso administrativa y que puede acarrear en los trámites más gasto económico para el municipio”. Reiteró que “no está justificada la urgencia y que se puede incoar un nuevo procedimiento administrativo, por lo que aquí debemos anteponer los principios de interés público y buena administración”. La edil recordó que conforme a “la nueva Ley 39/2015 el plazo de tramitación de esta vía revisora es, en vez de tres meses como lo era con la derogada Ley, ahora es de seis meses”.

También indicó la portavoz de CxS, Guadalupe del Río, que votaría en contra de la urgencia, al igual que lo hizo el concejal de Cs, Juan josé Pons, quien indicó que el informe de la Secretaria estaba fuera de plazo pero que era mejor solución iniciar un nuevo expediente que fuera “exquisito para salvar al pueblo de este desastre” refiriéndose a la obra inconclusa. La concejala del CCD, Oneida Socorro, también se posicionó en contra, al entender que la documentación para solicitar la nulidad era “endeble” y que el dictamen del Consejo Consultivo sí sería vinculante si fuera contrario a las tesis del Ayuntamiento. Por último, Martín Sosa (UxGC) indicó que en el pasado pleno del mes de julio, cuando se aprobaron los informes y su remisión al Consultivo tras el periodo de alegaciones de la empresa afectada, “no veíamos claras las causas de nulidad y confiábamos en que se elaboraría más información y más contundencia”.

El alcalde de la Villa, José Armengol, refutó los argumentos sobre el informe de la secretaria, al indicar que “nadie va a a eludir ningún fallo o sentencia, que ya ha sido reconocida en Pleno”, así como señaló que el procedimiento de urgencia está estipulado por la ley, a lo que añadió que “el expediente está armado y aunque todo es mejorable, no va a variar”.

Guadalupe del Río respondió que los informes no están acabados y no tienen peso, a lo que respondió el alcalde que éstos son fueron aprobados por unanimidad y preguntó a los asistentes si seguían estando de acuerdo con la nulidad de la concesión. En este sentido, el concejal de CxS, Miguel Ángel Sánchez, señaló que “quizás podría no estar lo suficientemente justificado” por lo que planteó “hacer las cosas bien y no precipitarnos”, para lo que dijo que “podemos disponer de seis meses” para mejorar el expediente, indicando que “en este asunto hemos de remar todos en la misma dirección”.

El concejal de Urbanismo y miembro de ANDO, Eduardo Martín, recordó que el abogado que asesora en este caso al Ayuntamiento “advirtió que era un grave error no continuar con el proceso”, a lo que añadió “no creo que consigamos durante ese tiempo mejores informes y sí corremos el peligro de alargar los plazos para solucionar el problema”. Los concejales de CxS y PP recordaron que se solicitó ampliar los informes y preguntaron qué desventajas supondría declarar la caducidad del expediente actual y en días formalizar uno nuevo y cumplir correctamente los trámites”. El alcalde, José Armengol, recordó a los ediles de la oposición que se han cumplido los trámites, están respondidas las alegaciones y que el plazo vence el día 14 lo que justificaba la urgencia del pleno. “Para nosotros”, añadió, “los informes son sólidos y respecto a lo que pueda suceder, la incertidumbre estará siempre”, a lo que la concejala de ANDO Sataute, Rosalía Rodríguez añadió que “el informe que buscamos es el del Consejo Consultivo de Canarias”, que ha de responder a los dos aspectos planteados: la caducidad de la concesión y si está amparada en la norma urbanística.

El concejal de Cs, Juan José Pons, reiteró que estaba en contra de la Urgencia “porque queremos estar todos a una y que ningún juez se agarre a clavos ardiendo” y con ello se perjudique a los vecinos y vecinas de Santa Brígida. Oneida Socorro propuso contar con el asesoramiento de otro abogado con el que se ha asesorado para que motive también las causas de nulidad”.

En este punto, el alcalde preguntó si todos los grupos estaban de acuerdo con los acuerdos adoptados en el Pleno que tuvo lugar en julio para aprobar este procedimiento, en el sentido de solicitar la nulidad de la concesión y pedir el dictamen del Consejo Consultivo, así como preguntó si se mantendría esa unanimidad si el pleno en vez de ser urgente fuera ordinario. Ante esta pregunta, el portavoz de UxGC señaló que en el pleno de julio pasado pidió el informe de la Secretaria del Ayuntamiento “que nos ha llegado hoy”, a lo que fue respondido por el concejal de Cs en la oposición, quien indicó que el escrito de la Secretaria son obviedades que no afectan al fondo del acuerdo de nulidad iniciado por el Ayuntamiento en el caso del edificio de aparcamientos y centro comercial.

Tras esta intervención se produjo la votación que rechazó la declaración de urgencia del Pleno, por lo que no daba lugar a su celebración. Una vez suspendido el Pleno, los concejales y concejalas mantuvieron una reunión en la que se manifestó la voluntad de todos los representantes políticos de continuar con el proceso de nulidad cumpliendo escrupulosamente los trámites administrativos.