El Ayuntamiento de Santa Brígida aprueba un Plan Económico Financiero para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria

La Corporación satauteña aprobó en Pleno Extraordinario el nuevo horario de bares y cafeterías, así como la reducción de la tasa para las terrazas de dichos locales. Asimismo, se aprobó el Plan Económico y Financiero que garantiza cumplir la regla de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en las liquidaciones del presupuesto para los ejercicios 2016 y 2017. El punto más polémico del Pleno se produjo al debatir la situación de la Sociedad Municipal de Deportes, ante lo que el concejal del área destacó que 2017 será el año del equilibrio y 2018 el del superávit de dicho organismo que gestiona el Complejo Deportivo Municipal.

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida celebró hoy jueves 29 un Pleno Extraordinario que dio inicio con la toma de posesión como concejala de la representante del Partido Popular, Raquel Santana Martín. El Orden del Día estaba formado por ocho puntos, con diversas propuestas entre las que destacaban la aprobación de la modificación del horario de apertura de bares y cafeterías y la reducción total de la tasa para las terrazas de dichos locales. El nuevo horario de terrazas será, en invierno, de siete de la mañana a doce de la noche de domingo a jueves y los viernes, sábados y vísperas de festivos se prolongará el cierre hasta la una de la noche. Durante la temporada de verano, se establecen los mismos horarios pero el cierre se prolonga una hora más. Estos temas fueron negociados con los empresarios de locales de restauración, si bien se presentaron alegaciones por parte de personas que pagan unas elevadas tasas por los vados particulares para personas de movilidad reducida (PMR). Los concejales reconocieron que esta modificación afectaba sólo a las terrazas y horarios, pero que en breve se tendrá que modificar nuevamente para dar cabida a la reducción de las tasas para los vados de vehículos de PMR. Por este motivo, el acuerdo sobre el horario de los locales de restauración se aprobó por unanimidad, mientras que el punto sobre supresión de la tasa de las terrazas recibió una abstención del concejal de Ciudadanos (C’s) por considerar que debería haberse tramitado toda la ordenanza y no sólo el punto sobre la tasa por uso público para terrazas, ya que se rechazaban las alegaciones presentadas por personas que pagan por aparcar en zonas para PMR.

Fue aprobada por unanimidad la propuesta para rectificar el convenio con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, debido a que el Cabildo ha mejorado la financiación de éste para obras de reparaciones en viviendas de primera necesidad, tras lo cual se pasó al primer debate del pleno, al plantearse el reconocimiento de una deuda de 1200 euros de una factura a una empresa que realiza los servicios de frecuencia de la extinta radio municipal. En este sentido, la portavoz del PP, Inmaculada Sáez, indicó que su grupo se abstendría por los reparos puestos por los técnicos municipales. También rechazaría el acuerdo la portavoz de Cambio por Sataute (CxS), Guadalupe del Río, quien explicó que el expediente está sin firmar por ningún responsable. El concejal de Ciudadanos, Juan José Pons, anunció su rechazo porque esta factura es continuidad de otras de años anteriores que fueron firmadas por una persona que era personal de confianza de anteriores alcaldes, lo cual consideró irregular. La respuesta por parte del Grupo de Gobierno la ofreció el concejal de Ando Sataute, Melquiades Álvarez, quien reprochó a la portavoz del PP que esta y otras facturas son de ejercicios anteriores cuando gobernaba su partido político y en este caso corresponde a la emisora de radio que fue cerrada pero se mantuvo el contrato. No obstante, comentó que “no nos gusta pagar estas facturas sin documentar pero puede dar lugar a denuncias por morosidad contra el Ayuntamiento”. La edil popular indicó que “no somos las mismas personas y mal podemos explicar una situación que desconocemos”, mientras Guadalupe del Río solicitó dejar sobre la mesa el acuerdo y pedir una Memoria justificativa. El portavoz de Unidos por Gran Canaria, Martín Sosa, replicó que los servicios sí se prestaron y el problema es que hubo una inadecuada tramitación de las facturas, mientras que Melquiades Álvarez señaló que esta factura hay que pagarla como se hizo con las de la SGAE y otras que estaban en los cajones. El acuerdo se aprobó con los votos a favor del Grupo de Gobierno.

El punto sobre el Plan Económico y Financiero, que demuestra la salud económica del Ayuntamiento, fue aprobado por el Grupo de Gobierno, Cambio por Sataute y Ciudadanos, con la abstención de los ediles del PP. No obstante, el debate de este acuerdo derivó en una discusión sobre la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento que debería estar en funcionamiento el próximo 1 de octubre, si bien no va a ser posible por las dificultades que han surgido en la implantación de trámites complejos y diferentes aunque se manifestó el compromiso para solventar estos problemas “que tienen otras muchas administraciones”, según el alcalde, José Armengol, aunque en otros aspectos se ha avanzado, como el que se ha logrado la implantación en amplias zonas del municipio, incluido el Ayuntamiento, de la red de fibra óptica que facilitará las comunicaciones, gracias a la gestión de las concejalías de Urbanismo y Comunicación que han permitido una rápida instalación.

El Plan Económico y Financiero cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales, a pesar de que recoge para este ejercicio el pago de una sentencia de justiprecio por la expropiación forzosa de la parcela de inversiones Santa Fe, en la zona del Monte, que supone más de tres millones de euros que serán financiados con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales, aspecto éste que fue debatido en el punto séptimo del Orden del Día en el que la portavoz de CxS solicitó que los intereses de demora los pagaran los responsables del aumento del coste de la expropiación de esta parcela.

NC plantea un nuevo criterio financiero para la Sociedad de Deportes

El punto que más debate originó fue el relativo a la aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento, donde se recoge la situación financiera de la Sociedad Municipal de Deportes (SMD) que gestiona el concejal del área José Luis Álamo (Nueva Canarias). Abrió el debate la portavoz del PP, quien indicó que su grupo se abstendría. Asimismo, el portavoz de C’s criticó que la Sociedad pagara una auditoría externa “cuando este Ayuntamiento cuenta con una Tesorera y una Interventora”. La portavoz de CxS señaló que el informe de Intervención señala que la SMD padece un déficit estructural y que desde 2014 se encuentra en causa de disolución, siendo sostenida por la Corporación satauteña y que ha visto empeorar su situación por el coste de los despidos. También se quejaron de la no celebración de un Pleno Ordinario en el mes de agosto, criticando al Grupo de Gobierno de falta de transparencia y de “hurto a la ciudadanía”.

El alcalde respondió primero a los aspectos relacionados con la SMD, al indicar que la situación de esta Sociedad era conocida por todos desde hace meses, al entregarse a los grupos el informe de viabilidad con toda la información realizada por la auditoría. Fruto de esos informes y de la situación en la que se encontraba la Sociedad a la llegada del actual Grupo de Gobierno, se adoptaron medidas como fueron el despido de personal “en una plantilla desproporcionada y asumimos esa medida porque había que hacerlo por lo que nos dejaron los que nos precedieron en este Ayuntamiento. Una decisión valiente y dolorosa que evidentemente no dan resultados positivos en este ejercicio porque hay que pagar las indemnizaciones a los y las trabajadores”, a lo que añadió que la auditoría externa no es nada raro, ya que el personal municipal tiene sobrecarga de trabajo.

El concejal de Deportes, José Luis Álamo, intervino para explicar que el informe de la interventora no incluye el informe completo porque todavía no lo ha recibido y se le entregará en breve “lo que aclarará las dudas planteadas”. En este sentido, recordó que en 2014, con la anterior alcaldesa del PP, el déficit de la SMD era de 76000 euros y que se encontraron con una deuda de 170.000 euros a 31 de mayo junto a tres impagos de 45000 euros a la Seguridad Social que se están pagando fraccionadamente, Igualmente, los despidos han supuesto 90000 euros en indemnizaciones cuyo pago también ha sido prorrateado, pero a partir del año próximo repercutirán en un ahorro de 15000 euros al mes. Además se encontraron con calentadores que no calientan, deshumidificadores que no sirven para las instalaciones y un gasto desproporcionado en propano que intentaremos corregir con placas solares. “El saneamiento no se soluciona en un año, pero nuestro objetivo es lograr el equilibrio presupuestario en 2017 y el superávit en 2018 para seguir creciendo”.

En este punto intervino por primera vez en este mandato la nueva concejala popular, Raquel Santana, quien gestionó anteriormente esta Sociedad para señalar que su Corporación no facilitaba la gestión económica de la SMD, y que no pudo afrontar los despidos porque no consiguió la aprobación de su gobierno municipal y tras los rechazos del concejal de NC entonces en la oposición «ahora Álamo tiene que ver las cosas desde el otro lado».

Álamo intervino de nuevo para reclamar un nuevo criterio financiero para estas infraestructuras, un modelo que contemple que el Ayuntamiento aporte la financiación adecuada por tres motivos: es patrimonio municipal y no puede abandonarlo; es un objetivo político fomentar el deporte en Santa Brígida, sobre todo por ser la única instalación que existe en el municipio; y social porque se debe facilitar el acceso a la actividad deportiva a personas con escasos recursos económicos. El punto fue aprobado por los nueve concejales del Grupo de Gobierno, la abstención del PP y C’s y el voto en contra de CxS.

Acto seguido se produjo un debate en torno a la necesidad de garantizar un mínimo de seis plenos ordinarios en el Ayuntamiento, para que la oposición pueda formular mociones y ruegos, así como se instó a que se ejerciera la transparencia y que la oposición tuviera acceso a información que era filtrada a terceros. En este sentido, el alcalde, así como varios concejales de los distintos grupos que conforman el pacto de Gobierno, indicó que está de acuerdo con establecer los plenos ordinarios y que no coincidan con el mes de agosto, así como recordó que en los últimos cuatro años del anterior mandato no se había celebrado ningún Pleno ordinario en el mes de agosto. Además, añadió que está en contra de las filtraciones de documentos como parte de una práctica que “solamente contamina la vida política” del municipio y que no hay menoscabo a la labor de la oposición. Los partidos de la oposición reiteraron que debe adaptarse el Reglamento de Plenos para que se garantice esa participación.